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La comisión de supervisión policial de San Diego ha recomendado que el departamento de policía restrinja las llamadas detenciones por pretexto y trabaje para fomentar una actuación policial libre de sesgos, argumentando que las paradas basadas en infracciones administrativas o de equipamiento menores generan quejas sobre falta de equidad y disparidades raciales, además de aportar poco a la seguridad pública.
La Comisión de Prácticas Policiales de San Diego envió cuatro recomendaciones al jefe de policía Scott Wahl el lunes.
La comisión señaló que los cambios sugeridos buscan fortalecer una actuación policial ajustada a la Constitución, promover detenciones equitativas y aumentar la confianza de la comunidad. Este organismo de supervisión policial fue aprobado inicialmente por los votantes mediante la Medida B en 2020.
“A través de estas recomendaciones y del diálogo que seguirá, buscamos promover un entorno policial en el que todos los habitantes de San Diego puedan esperar un trato igualitario por parte del Departamento de Policía de San Diego, y donde ningún sector de la comunidad esté sujeto a una presión y estrés investigativo indebidos, injustificados e innecesarios”, declaró Roger Smith, director ejecutivo de la comisión.
Las detenciones por pretexto ocurren cuando la policía utiliza infracciones menores —como luces traseras rotas, etiquetas de registro vencidas o la ausencia de matrícula delantera— como causa probable para detener a personas e investigar presuntos delitos no relacionados.
En su informe, la comisión señala que las detenciones de tráfico con pretextos “siguen siendo una valiosa herramienta de investigación” y pueden crear oportunidades para identificar armas, drogas, órdenes judiciales pendientes y otras actividades delictivas que de otro modo podrían pasar desapercibidas.
Pero dijo que encontró que las detenciones iniciadas únicamente por equipo menor y violaciones administrativas “a menudo producen beneficios limitados para la seguridad pública en relación con la desconfianza, las quejas de injusticia y las disparidades raciales que generan”.
El objetivo de los cambios recomendados, dijo la comisión, no era debilitar la aplicación de la ley sino garantizar que “se ejerza la discreción cuando produzca un valor claro para la seguridad pública”.
Las recomendaciones de política exigen que el departamento prohíba las detenciones basadas ún icamente en equipos menores o infracciones administrativas o basadas únicamente en factores generalizados como la libertad condicional o el estado de libertad condicional.
Sugieren que el departamento limite las detenciones a propósitos respaldados por evidencia o conducta observada, e implemente “principios de justicia procesal” que requieran que los oficiales realicen detenciones de una manera que preserve la dignidad y el respeto del civil.
La comisión pidió que los agentes estén capacitados para tratar a cada persona con profesionalismo y explicar el motivo de una parada cuando exista una oportunidad razonable para hacerlo.
“Capacite a los oficiales para que sean sinceros, veraces y empáticos durante las detenciones” con el fin de generar confianza y hacer que la gente crea que los oficiales están “haciendo un esfuerzo genuino para hacer lo mejor para la seguridad pública y las personas involucradas”, dice el informe.
Al realizar paradas de tráfico por infracciones relacionadas con la seguridad pública, la comisión desea que el departamento instruya a los agentes para que no soliciten consentimiento para registrar a una persona o un vehículo con el fin de investigar delitos no relacionados, y para que no inicien interrogatorios en el lugar de los hechos a menos que existan “hechos específicos y articulables” que justifiquen una detención o investigación legal independiente.
“A falta de una sospecha razonable e independiente de actividad delictiva, el interrogatorio deberá limitarse a cuestiones razonablemente relacionadas con los motivos de la parada”, señaló el informe.
El código municipal exige que la oficina del jefe de policía presente una respuesta por escrito a las recomendaciones de la comisión en un plazo de 60 días. Un portavoz del departamento indicó que la agencia había recibido las recomendaciones y que procedería a revisarlas.
“Seguiremos colaborando estrechamente con la CPP y participando en conversaciones a lo largo de este proceso de revisión de 60 días”, afirmó el comunicado.
El presidente del sindicato de agentes de policía —que no participó en el proceso— declaró que su organización se opone a imponer restricciones adicionales a las intervenciones policiales legales “más allá de los amplios requisitos constitucionales, legales y departamentales ya vigentes”.
“Las restricciones adicionales obstaculizarán la capacidad de los agentes para combatir la delincuencia de manera proactiva y mantener seguras a nuestras comunidades”, señaló Jared Wilson, presidente de la Asociación de Agentes de Policía de San Diego, en un correo electrónico.
Los cambios de política sugeridos se redactaron después de que el personal de la comisión analizara datos recopilados en virtud de la Ley de Perfilado Racial y de Identidad de California (RIPA, por sus siglas en inglés), la cual exige a los agentes del orden documentar información demográfica, los motivos de las detenciones, las acciones realizadas durante dichos encuentros y sus resultados.
También se recabaron opiniones del público en un foro comunitario celebrado en junio. Los datos de San Diego correspondientes a 2024 reflejan disparidades raciales sustanciales en diversas acciones policiales llevadas a cabo durante las detenciones.
Las personas percibidas como negras tenían 4,42 veces más probabilidades de ser sometidas a un registro corporal superficial (*frisking*) que las percibidas como blancas, y 3,36 veces más probabilidades de que se les solicitara consentimiento para registrar sus pertenencias.
Asimismo, tenían más del triple de probabilidades de ser objeto del uso de la fuerza y de ser esposadas, según el informe de la comisión.
Los conductores negros también tenían más probabilidades de que se cuestionara su situación de libertad condicional y de ser retenidos al borde de la acera o en patrullas.
La comisión halló disparidades similares que afectaban a personas percibidas como hispanas o latinas, aunque, por lo general, en niveles inferiores a los observados en el caso de los conductores negros. Algunas de las recomendaciones han sufrido ligeras modificaciones desde junio.
Varias personas que intervinieron en la reunión de junio instaron a la comisión a impulsar reformas sistémicas, argumentando que las detenciones basadas en pretextos afectan de manera desproporcionada a las comunidades negras y latinas, además de socavar la confianza en las fuerzas del orden.
Diversos oradores cuestionaron si las recomendaciones por sí solas lograrían cambios significativos, señalando que desde hace años circulan estudios que documentan las disparidades raciales en la actuación policial.
El informe de la comisión presentado esta semana concluye señalando que las recomendaciones reflejan una filosofía orientada a combatir los sesgos.
El documento afirma que la confianza pública aumenta cuando los miembros de la comunidad comprenden los motivos de la actuación policial, la consideran justificada y confían en que se aplican los mismos criterios de manera equitativa.
Gợi ý thực hành:
1. Theo dõi thông báo từ cơ quan địa phương tại California.
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